La reciente reforma constitucional aprobada por los diputados de Morena y sus aliados en México ha generado un amplio debate. Esta reforma modifica el artículo 19 de la Constitución, ampliando notablemente el catálogo de delitos que requieren la prisión preventiva oficiosa. Con 335 votos a favor y 108 en contra, la iniciativa busca implementar medidas más severas en casos de delitos graves, particularmente aquellos relacionados con violencia sexual contra menores, delincuencia organizada y extorsión.
Entre los cambios más destacados se incluye la prisión preventiva para quienes estén involucrados en la producción y tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, y sus precursores químicos. Sin embargo, durante la discusión, se presentaron y aprobaron reservas que excluyen los delitos de defraudación fiscal y narcomenudeo de esta lista, destacando un enfoque hacia la necesidad de un tratamiento social y de recuperación del tejido social, especialmente en jóvenes que podrían verse afectados.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió estas modificaciones basándose en la interpretación de que la defraudación fiscal involucraba "maquinación, engaño o manipulación" y argumentó que su exclusión podría facilitar una mejor convivencia social, sugiriendo un enfoque más rehabilitador que punitivo para ciertos delitos.
De este modo, la reforma pretende no solo un endurecimiento de las leyes en cuanto a delitos graves, sino también un balance con consideraciones sociales en el tratamiento de delitos que, aunque graves, pueden tener implicaciones más complejas en la vida de los individuos y la sociedad en general.