El conflicto en torno a la propuesta de Claudia Sheinbaum para regularizar a los trabajadores de aplicaciones en México se centra en la tensión entre la posible pérdida de la flexibilidad laboral y la necesidad de establecer un marco regulatorio que reconozca su relación laboral con las plataformas digitales. Este tema ha estado en la agenda pública por un mes, con una significativa participación de aproximadamente 2.5 millones de trabajadores que podrían ver afectados sus ingresos, según un estudio citado.
Los trabajadores, representados en su mayoría por la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), han manifestado su oposición a la iniciativa, ya que sienten que bajo un esquema más tradicional perderían la libertad que actualmente tienen respecto a horarios y modos de trabajo. Este fue un punto clave en las protestas realizadas, donde se destacaron lemas que reflejan su deseo de mantener la autonomía en su labor.
La situación se complica aún más con las discrepancias sobre el número de trabajadores reconocidos por las autoridades, ya que el Servicio de Administración Tributaria sólo identifica a 658,000, lo que no coincide con las cifras de los propios trabajadores y las plataformas digitales.
Desde su llegada al gobierno, Sheinbaum ha mostrado interés en regularizar la relación laboral de este sector, buscando dialogar con todas las partes involucradas. Sin embargo, los trabajadores han exigido que se respete su demanda de flexibilidad, que consideran fundamental en su modelo laboral actual. Al final de octubre, se anunció que se presentaría la propuesta de reforma al Legislativo, lo que indica que el tema seguirá siendo objeto de discusión y protesta en el futuro cercano.