El respaldo al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, frente a las críticas y denostaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios, es un indicador significativo de la preocupación creciente en torno a la crisis de desapariciones en México. La postura de 364 familiares de desaparecidos, 158 colectivos, 108 organizaciones sociales y 272 activistas refuerza la necesidad de un acompañamiento internacional en un contexto donde se reportan más de 125,000 desaparecidos.
El pronunciamiento de estos grupos destaca que el CED no representa una amenaza, sino una oportunidad de esperanza para las familias afectadas por la violencia y la ausencia de respuestas efectivas del Estado. La invocación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas refleja una demanda urgente de rendición de cuentas y acción gubernamental ante una situación de crisis humanitaria que persiste.
Las críticas hacia el rechazo gubernamental de estos mecanismos internacionales indican una incongruencia con la realidad que viven muchas familias en el país. Las respuestas del Estado, las cuales minimizan la dimensión del problema, son vistas como una negación de las experiencias vividas por cientos de miles de familias en México.
El apoyo de los colectivos y las familias a la intervención del CED resalta la importancia de fortalecer los lazos con organismos internacionales en la búsqueda de soluciones a problemas que parecen ir más allá de las respuestas nacionales en términos de seguridad y justicia. Esta situación subraya una necesidad urgente de acciones concretas y un enfoque más colaborativo que considere las voces de las víctimas y sus familiares.