La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México reafirma que la explotación del litio es un asunto que debe ser controlado exclusivamente por el Estado. Este fallo se produjo tras la solicitud de amparo presentada por Grupo Bararal, que buscaba continuar con su concesión minera para la exploración y explotación de litio en Chihuahua, basado en regulaciones anteriores a la reforma de la Ley Minera de 2022. Esta reforma declaró al litio como un recurso estratégico y patrimonio exclusivo de la nación, prohibiendo su explotación a agentes privados.
El ministro Alberto Pérez Dayán, al presentar el proyecto, enfatizó que las reformas constitucionales tienen supremacía y no pueden ser impugnadas, lo que significa que las disposiciones actuales sobre el litio prevalecen a pesar de las concesiones otorgadas anteriormente. Esta decisión establece un marco legal claro en el que el litio queda bajo el control del Estado, resaltando su importancia estratégica para el país.
Aunque estimaciones varían considerablemente, se sugiere que México tiene grandes reservas de litio, lo que podría posicionarlo como un jugador clave en el mercado global de este mineral, vital para la producción de baterías y tecnologías limpias. Con este fallo, la SCJN también establece un precedente que podría influir en futuras decisiones relacionadas con el sector minero en México.