La situación en Quintana Roo en relación con el caso del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán es preocupante y ha generado controversia. El fiscal del estado, Raciel López Salazar, ha desestimado las acusaciones que sugieren que hay intentos de obstruir las investigaciones, calificándolas como meros rumores. Sin embargo, documentos proporcionados por los familiares de Vizcarra indican que puede haber pruebas de interferencias en la investigación, incluyendo la posible implicación de funcionarios de la propia Fiscalía.
Luis Carlos Vizcarra y su pareja fueron víctima de un secuestro violento en su hogar, donde se reporta que fueron sometidos a torturas en presencia de sus hijos. Durante el cautiverio, Vizcarra fue forzado a realizar transferencias bancarias que totalizan más de 360 millones de pesos a empresas no relacionadas con él. Este hecho ha llevado a la familia del empresario a sospechar de irregularidades en el manejo del caso, planteando la posibilidad de que se intentara desviar la atención de los verdaderos culpables.
La familia ha elevado sus preocupaciones a diversas instancias, incluyendo el órgano interno de control y la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, e incluso ha promovido una demanda de amparo, lo que sugiere una falta de confianza en la gestión de la Fiscalía en este caso específico. La situación plantea interrogantes sobre la eficacia de la investigación y la integridad de las instituciones encargadas de hacer justicia.