El Poder Judicial de la Federación (PJF) se enfrenta a un panorama complicado de cara a la primera elección de jueces, magistrados y ministros, ya que no cuenta con candidatos propios y se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la reforma judicial que promueve el partido Morena. Este contexto se ha visto influido por la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ha estado facilitando la implementación de la reforma a pesar de las resistencias dentro del propio PJF.
Desde que se aprobó la reforma judicial en septiembre de 2024, se han presentado más de mil 600 demandas de amparo por parte de miembros del PJF, muchas de las cuales han resultado en suspensiones provisionales que tratan de evitar que se ejecute la reforma. Los órganos como el Consejo de la Judicatura Federal, el Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE) han sido instruidos a no continuar con la organización de las elecciones judiciales, bajo la amenaza de sanciones legales.
No obstante, el TEPJF ha tomado una postura que parece favorecer a Morena, al emitir una opinión en octubre del año pasado que señalaba que el INE no estaba impedido para seguir adelante con la organización de la elección judicial, argumentando que no se podía detener la implementación de los procedimientos electorales mientras existieran normativas que los respaldaran.
De esta manera, el TEPJF se establece como una figura central en el desarrollo de la reforma judicial, desafiando las decisiones de suspensión y empujando el proceso electoral a pesar de la resistencia interna del PJF. Este escenario ha generado preocupaciones sobre la independencia y el futuro del Poder Judicial en México.