El conflicto en Sisal, una comisaría del municipio de Hunucmá en Yucatán, es un ejemplo de la tensión entre la protección ambiental y las necesidades de las comunidades locales. Los habitantes fueron denunciados por la Profepa por talar manglar botoncillo, una especie protegida. La tala, que abarca 23 mil metros cuadrados de duna costera, ha generado preocupación dado que estas áreas son también cruciales para el anidamiento de tortugas.
A medida que la situación se intensificó, un gran despliegue de fuerzas del orden, incluyendo policías estatales, elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la FGR, fue enviado para investigar y tratar de contener las acciones de tala. Sin embargo, la comunidad se opuso, argumentando que su necesidad de vivienda y la defensa de su territorio son primordiales, especialmente ante lo que consideran despojos por parte de inmobiliarias.
En sus declaraciones, los habitantes expresan un fuerte sentimiento de resistencia, rechazando las intervenciones estatales y defendiendo su derecho a actuar en pro de sus intereses. Este fenómeno resalta un dilema más amplio en el que se enfrentan comunidades locales que, en su búsqueda de desarrollo y vivienda, pueden entrar en conflicto con normativas ambientales estrictas. La Profepa ha documentado la situación y realizado inspecciones, y la zona ha sido clausurada tras las visitas de control. Sin embargo, los habitantes están firmes en su decisión de seguir adelante con sus actividades, lo que podría implicar un prolongado enfrentamiento con las autoridades.