El reciente enfrentamiento entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a poner en el centro del debate la situación de los colombianos en México. Petro prohibió la llegada a Bogotá de aviones militares con migrantes colombianos deportados por Trump, argumentando que eran tratados de manera indignante. Esta postura ha llevado a diversos sectores en Colombia a exigir que el mandatario actúe con la misma firmeza frente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien también ha sido blanco de críticas por el maltrato que han sufrido los turistas colombianos al ingresar a México.
Durante la administración de Sheinbaum han continuado las denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) retienen a colombianos "inadmitidos". Estos turistas, que viajan legalmente, han reportado haber sido despojados de sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares, y haber sido tratados de manera agresiva y xenófoba. Las quejas sobre la falta de agua, alimentos y el encierro en condiciones insalubres han llamado la atención tanto de la Cancillería colombiana como de su embajada en México.
A pesar de las gestiones realizadas, los abusos persisten, lo que ha llevado a muchas víctimas a solicitar la intervención de Petro, implorando que utilice su relación cercana con Sheinbaum para abordar este problema. Esto es particularmente relevante dado que Petro ha afirmado que "un migrante no es un delincuente" y que debe ser tratado con dignidad.
La situación resalta un contraste en el tratamiento de los migrantes y turistas, con Colombia exigiendo una mayor protección para sus ciudadanos en el extranjero, incluso cuando esos ciudadanos viajan a un país que no requiere visa. Este tema, que ha ganado relevancia en el discurso público colombiano, pone de manifiesto la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos aborden las barreras y maltratos que enfrentan sus ciudadanos al intentar migrar o viajar dentro de la región.