El problema del embarazo infantil en México sigue siendo alarmante, con más de 7,855 niñas forzadas a convertirse en madres en 2024. Los estados más afectados incluyen Chiapas, Estado de México, Veracruz y Puebla, donde, en promedio, unas 500 niñas dieron a luz durante el año. La violencia sexual es una de las causas principales de estos embarazos, y desde organizaciones como Equifonía A.C. se señala la importancia de garantizar a las víctimas el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un derecho que debería estar disponible en cualquier momento de la gestación.
A pesar de que las instituciones de salud y procuración de justicia tienen la obligación de asegurar este derecho, un 70% de las niñas que acuden a servicios médicos en el primer trimestre de embarazo no reciben la opción de interrumpirlo. Esto se debe a diversas resistencias dentro del sistema de salud, incluyendo posturas personales que dificultan la notificación requerida a la Fiscalía General de Veracruz para garantizar el acceso a la IVE.
Además, muchas de estas menores son obligadas a tener partos vaginales, lo que representaría no solo una vulneración a sus derechos, sino también un acto de violencia y tortura. A nivel nacional, el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación en 20 estados, incluidos aquellos con alta incidencia de embarazos infantiles, mientras que en 12 estados solo es legal en situaciones específicas, como violación o riesgos para la salud de la mujer. A pesar de la evidencia que muestra los graves riesgos que enfrentan las menores, el acceso a servicios de salud adecuados y a la IVE sigue siendo un desafío crítico en el país.