La situación que enfrenta Paul Rangel Merkley, director de Aguakán, refleja un conflicto legal significativo relacionado con la concesión del suministro de agua en Cancún y la Riviera Maya. Tras la denuncia penal presentada por el Gobierno de Quintana Roo ante la Fiscalía General de la República (FGR), se le ha impuesto una ficha roja y alerta migratoria, lo que complicaría su capacidad para salir del país sin ser detenido.
El 22 de diciembre, agentes de diversas fuerzas de seguridad intentaron ejecutar una orden de detención en su domicilio laboral, pero no lograron ingresar. Esto llevó a Merkley a buscar una protección legal mediante un amparo indirecto, el cual ha sido exitoso en permitirle suspender temporalmente las medidas en su contra.
La denuncia penal está relacionada con acusaciones de fraude procesal, implicando que Aguakán pudo haber utilizado tácticas ilícitas para obtener una suspensión de amparo que impidió el retiro de su concesión, una decisión tomada por el Congreso local. Este caso pone de relieve las tensiones entre las autoridades y las empresas concesionarias en un sector crítico como es el agua potable, especialmente en una región tan turística y vital como lo es la Riviera Maya.