La situación legal de Grupo Elektra, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, ha suscitado atención debido a la disputa por créditos fiscales que superan los 34 mil millones de pesos. La empresa ha logrado, por medio de diversas acciones legales, que el pronunciamiento sobre estos litigios quede en un estado de incertidumbre, lo que podría significar que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elegidos por voto popular, sean los encargados de decidir el resultado final.
En 2024, la SCJN recibió tres amparos presentados por Grupo Elektra, relacionados con la intención del gobierno federal de cobrar un monto exacto de 34,805,108,782 pesos por créditos fiscales correspondientes a los años 2008, 2012 y 2013. Los amparos en discusión tienen los números 6321/2024, 5654/2024 y 3842/2024, con el pronóstico de que los ministros involucrados, incluidos Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, fallarían en contra de los intereses de la empresa.
Uno de los casos mencionados, el 3842/2024, se originó por una multa impuesta a Elektra por declarar incorrectamente una pérdida fiscal, resultando en una multa de 67 millones 165 mil 827 pesos. Esta multa fue confirmada por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a lo cual Elektra respondió alegando que el requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) era inapropiado, ya que en 2012 la empresa tenía el estatus de una sociedad controlada por Grupo Salinas, lo que, según la legislación de la época, implicaba que solo las sociedades controladoras eran responsables del pago del impuesto consolidado.
Este contexto legal no solo refleja la situación particular de Grupo Elektra, sino que también plantea un escenario más amplio sobre la interacción entre grandes corporaciones y las autoridades fiscales en México.