La situación en la que los grupos parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano han decidido acudir a organismos internacionales, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no discutir la reforma al Poder Judicial, refleja una profunda preocupación por la autonomía del poder judicial y los derechos humanos en México.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, destacó la valentía de los ministros que defendieron el orden constitucional. Su anuncio de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica una búsqueda activa de justicia y una resistencia ante lo que consideran un ataque a la independencia judicial.
Por otro lado, Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada del PAN, expresó su tristeza ante la situación actual, lo que subraya la gravedad con la que estas fuerzas políticas ven las implicaciones de la reforma propuesta.
Esta acción de buscar instancias internacionales también pone de manifiesto la desconfianza en los mecanismos internos de defensa de la justicia en el país. Las respuestas de ambos partidos reflejan un compromiso con la defensa de un sistema judicial que consideran crucial para la democracia y la protección de los derechos individuales. La situación actual sugiere una posible polarización en el discurso político en torno a la reforma judicial y los derechos humanos.