La presidenta Claudia Sheinbaum había propuesto la creación de una oficina especial para el deporte social y comunitario, a cargo de Miguel Torruco Garza. Sin embargo, esta decisión fue detenida tras la intervención de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Pacheco convenció a Sheinbaum de que este cambio podría perjudicar la obtención de medallas para el ciclo olímpico.
El conflicto surgió cuando la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal propuso cambios a la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo cual podría despojar a la Conade de más de la mitad de sus atribuciones, entregando el mando del deporte social y comunitario a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto generó molestia en la Conade, que ante la amenaza de perder competencias, se reunió para desarrollar una estrategia que impidiera la transferencia de estas responsabilidades a la SEP.
La atención al deporte social y comunitario es significativa económicamente, ya que involucra una gran cantidad de recursos para organización de eventos, adquisición de material deportivo y construcción o renovación de instalaciones. Esto es uno de los compromisos de Sheinbaum desde el inicio de su mandato, lo que añade tensión a la situación.