Ejército monitoreó a Guerreros Unidos durante ataque contra normalistas de Ayotzinapa.
En el caso Ayotzinapa, la comisión presidencial que investiga el ataque ha divulgado este viernes dos documentos con conversaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y policías de la zona. Se trata de diálogos interceptados por el Ejército, uno el 26 de septiembre de 2014, la noche del ataque, y otro días más tarde, el 4 de octubre.
Hasta ahora se ignoraba que la Secretaría de la Defensa hubiera monitoreado a Guerreros Unidos durante o después del ataque. No se sabe qué uso hizo el Ejército de esta información, o qué cantidad de comunicaciones interceptó antes, durante o después del ataque.
Se desconoce igualmente si Sedena compartió esta información con autoridades civiles durante el ataque o en las semanas posteriores.
La difusión de ambos documentos ha sorprendido, más por la falta de contexto en que se ha producido.
La comisión ha publicado un comunicado de tres párrafos a media tarde en que explicaba que se trata de información que Sedena ha entregado a los investigadores en los últimos meses. Son “comunicaciones realizadas entre Francisco Salgado Valladares segundo al mando de la Policía de Iguala y una persona denominada Gilberto Gil jefe de una de las células de Guerreros Unidos en Iguala y actual testigo protegido de la Fiscalía, así como Alejandro Palacios Cholo cabeza de una célula del grupo criminal en Huitzuco y otro más denominado Ramón al parecer, policía de Tepecuacuilco”, decía el texto.
El comunicado terminaba prácticamente ahí, obviando la importancia de cada uno de los actores involucrados, callando sobre un hecho difícil de ignorar: el Ejército supo mucho más del ataque de lo que siempre ha reconocido, en parte porque interceptaba las comunicaciones de importantes actores criminales locales.
Hasta este sábado, la Secretaría de la Defensa no ha reaccionado a la difusión de estos documentos. Aunque oficialmente no se ha pronunciado, la unidad especial de la Fiscalía General de la República
Antiguo integrante de Guerreros Unidos, El Gil es uno de los testigos protegidos de la agencia investigadora. Su papel ha sido importante en el hallazgo de los restos de los dos normalistas identificados en los últimos dos años.
Con estos documentos, la comisión presidencial trataba de atajar una polémica surgida a principios de semana, cuando el diario El Universal publicó que la FGR ocultaba las declaraciones de 30 militares sobre el caso. El diario señalaba que el Instituto Nacional de Acceso a la Información INAI había ordenado a la Fiscalía que entregara las declaraciones.
El problema fue que cuando las recibieron, los reporteros descubrieron que la mayoría de hojas venían testadas, tachadas. En rueda de prensa, periodistas preguntaron por el asunto al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ordenó a la comisión transparentar las declaraciones de los militares.
Lejos de acceder a la orden del presidente, conscientes de lo delicado de difundir información de una investigación en proceso, la comisión ha divulgado las dos comunicaciones entre policías y criminales que los militares interceptaron.
Con información de El País
Hasta ahora se ignoraba que la Secretaría de la Defensa hubiera monitoreado a Guerreros Unidos durante o después del ataque. No se sabe qué uso hizo el Ejército de esta información, o qué cantidad de comunicaciones interceptó antes, durante o después del ataque.
Se desconoce igualmente si Sedena compartió esta información con autoridades civiles durante el ataque o en las semanas posteriores.
La difusión de ambos documentos ha sorprendido, más por la falta de contexto en que se ha producido.
La comisión ha publicado un comunicado de tres párrafos a media tarde en que explicaba que se trata de información que Sedena ha entregado a los investigadores en los últimos meses. Son “comunicaciones realizadas entre Francisco Salgado Valladares segundo al mando de la Policía de Iguala y una persona denominada Gilberto Gil jefe de una de las células de Guerreros Unidos en Iguala y actual testigo protegido de la Fiscalía, así como Alejandro Palacios Cholo cabeza de una célula del grupo criminal en Huitzuco y otro más denominado Ramón al parecer, policía de Tepecuacuilco”, decía el texto.
El comunicado terminaba prácticamente ahí, obviando la importancia de cada uno de los actores involucrados, callando sobre un hecho difícil de ignorar: el Ejército supo mucho más del ataque de lo que siempre ha reconocido, en parte porque interceptaba las comunicaciones de importantes actores criminales locales.
Hasta este sábado, la Secretaría de la Defensa no ha reaccionado a la difusión de estos documentos. Aunque oficialmente no se ha pronunciado, la unidad especial de la Fiscalía General de la República
FGR
para el caso Ayotzinapa ha visto con preocupación lo ocurrido.Antiguo integrante de Guerreros Unidos, El Gil es uno de los testigos protegidos de la agencia investigadora. Su papel ha sido importante en el hallazgo de los restos de los dos normalistas identificados en los últimos dos años.
Con estos documentos, la comisión presidencial trataba de atajar una polémica surgida a principios de semana, cuando el diario El Universal publicó que la FGR ocultaba las declaraciones de 30 militares sobre el caso. El diario señalaba que el Instituto Nacional de Acceso a la Información INAI había ordenado a la Fiscalía que entregara las declaraciones.
El problema fue que cuando las recibieron, los reporteros descubrieron que la mayoría de hojas venían testadas, tachadas. En rueda de prensa, periodistas preguntaron por el asunto al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ordenó a la comisión transparentar las declaraciones de los militares.
Lejos de acceder a la orden del presidente, conscientes de lo delicado de difundir información de una investigación en proceso, la comisión ha divulgado las dos comunicaciones entre policías y criminales que los militares interceptaron.
Con información de El País
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