La reciente aprobación de la reforma judicial en el Estado de México ha generado un intenso debate en la política local. Con 54 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 20 en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la reforma establece que las magistradas y magistrados, así como las juezas y jueces del Poder Judicial, serán elegidos mediante sufragio directo y secreto por parte de la ciudadanía en las elecciones estatales ordinarias.
Esta decisión es significativa, ya que convierte al Estado de México en el primer estado del país en adoptar una reforma de esta naturaleza, en cumplimiento con las directrices impuestas en la reforma judicial a nivel nacional. No obstante, es importante mencionar que la oposición ha manifestado su preocupación. Acusan que la reforma podría subyugar al Poder Judicial a las influencias de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) y que no necesariamente mejorará la impartición de justicia en el estado.
Además, las modificaciones prohíben la creación y operación de fondos o fideicomisos no previstos en la ley, lo cual busca dar mayor transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos judiciales. Sin embargo, con la inminente elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), que se llevará a cabo el 7 de enero, los legisladores decidieron que este presidente tendría un carácter interino hasta que se realice la elección popular, previniendo así un vacío de poder.
El proceso para la elección del presidente del TSJEM también será supervisado por la Legislatura, que tendrá la facultad de avalar o remover al presidente interino si se determina que su desempeño obstaculiza la implementación de la reforma judicial.
Esta situación plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial en el Estado de México y sobre cómo se llevará a cabo esta transición hacia un sistema de elección popular, lo que podría tener un impacto significativo en el funcionamiento de la justicia en la entidad.