La reciente aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución por parte de diputados de Morena y sus aliados representa un cambio significativo en la regulación y control del sistema eléctrico nacional en México. Esta reforma establece que la planeación y control del sistema eléctrico deben asegurar la electricidad para la población al menor costo posible, buscando también preservar la seguridad energética de la nación a través de la empresa pública, específicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El dictamen, que fue respaldado por 21 votos a favor frente a 18 en contra, también clarifica que el Estado tendrá un papel exclusivo en áreas estratégicas como el servicio de internet y la explotación de litio, lo que se traduce en una limitación del monopolio privado en estos sectores. Asimismo, se menciona que la participación de particulares en la industria eléctrica no podrá tener prevalencia sobre las funciones estatales.
El debate en torno a estas reformas fue intenso. Mientras que el diputado morenista Salvador Caro defendió la reforma como un paso hacia la recuperación del "Estado Social Mexicano" y la protección del interés público, otros legisladores, como Rubén Moreira del PRI, criticarons la gestión de la CFE bajo la administración actual, argumentando que la empresa no está cumpliendo con sus objetivos de producción de energía limpia.
Este desarrollo constitucional refleja un enfoque por parte del gobierno de fortalecer el papel del Estado en sectores estratégicos, un tema que ha sido objeto de controversia y polarización en el ámbito político mexicano.