La reciente aprobación de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas por parte de los diputados de Morena y sus aliados ha generado un debate significativo en el ámbito político y económico de México. Esta reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, reafirmando el control del Estado sobre sectores cruciales como la energía eléctrica y la industria petrolera.
El dictamen, que fue aprobado con una votación de 353 a favor y 121 en contra, establece que el Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre organismos y empresas públicas. Esto incluye la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como otras áreas estratégicas como telecomunicaciones y minerales radiactivos. La reforma también establece que estas funciones no se consideran monopolios si son ejercidas de manera exclusiva por el Estado.
A pesar del respaldo oficial, la oposición ha señalado varias deficiencias en la reforma, incluyendo la falta de atención a las energías limpias y la preocupación por el impacto en las finanzas públicas. Los grupos parlamentarios de oposición, como Movimiento Ciudadano y el PAN, presentaron nociones suspensivas, argumentando que la reforma no contempla adecuadamente los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad y la economía nacional.
A lo largo de la discusión, los legisladores de Morena defendieron la reforma como un retorno a la soberanía del pueblo sobre sus empresas, identificando paralelismos históricos con reformas significativas del pasado, como aquellas impulsadas por López Mateos y Cárdenas. La diputada Olga Sánchez Cordero resaltó la importancia de esta reforma como un paso hacia una mayor soberanía en recursos estratégicos, en un contexto de crecientes demandas por el control estatal sobre la energía y los recursos naturales del país.
El debate continúa, y se espera que las reservas propuestas por distintos grupos se discutan en los próximos días, lo que podría modificar o complementar el enfoque inicial de la reforma.