La situación en Pachuca, Hidalgo, durante la jornada de protestas del 8 de marzo ha generado un profundo impacto debido a las denuncias de detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Once mujeres han decidido unirse a una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, relatando experiencias de violencia y abuso durante su detención.
Los incidentes ocurrieron principalmente frente a la sede del Poder Ejecutivo del estado, donde las autoridades habían instalado vallas metálicas y desplegado un significativo dispositivo de seguridad. A pesar de las críticas, el gobernador Julio Menchaca defendió la necesidad de estas medidas, argumentando que eran necesarias para proteger el patrimonio público.
Los testimonios, como el de Andrea Mena, relatan un escenario de violencia y temor. Mena describió cómo ella y su hermana fueron encapsuladas por la policía, enfrentando golpes y gas lacrimógeno. Su relato muestra no solo la experiencia personal de violencia, sino también una crítica a la respuesta de las fuerzas del orden, que incluyó agresiones verbales y físicas.
El gobernador ha afirmado que, si se comprueba el uso inapropiado de la fuerza, habrá consecuencias, pero también instó a diferenciar entre la represión y el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden público. La creciente cantidad de quejas sugiere que este tema no solo es un problema local, sino que podría reflejar una crisis más amplia en cuanto a la gestión del derecho a la protesta y la protección de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones sociales.