La situación de los defensores de los derechos indígenas en México es preocupante, según un informe de Mary Lawlor, relatora especial de la ONU. En su comunicado, Lawlor denunció que muchos de estos defensores han sido objeto de detenciones arbitrarias y han enfrentado condenas severas en juicios marcados por violaciones al debido proceso.
Se destacó que varios de estos activistas han sido criminalizados por actividades que son legítimas y pacíficas, enfrentando penas de prisión prolongadas o detenciones preventivas que parecen tener el objetivo de silenciar su defensa de los derechos humanos. Un punto alarmante mencionado es que algunos de ellos han sido acusados de delitos graves, como asesinato, sin que hubiese evidencias que corroboraran su presencia en el lugar del crimen.
Lawlor subrayó que las condenas de nueve de los defensores suman casi 300 años de cárcel, mientras que el líder zapoteca Pablo López Alavez, que lleva 14 años encarcelado sin recibir una sentencia definitiva, fue declarado por un grupo de trabajo de la ONU como víctima de detención arbitraria. Este contexto resalta la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, particularmente aquellos que representan a comunidades indígenas.