La situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las impugnaciones a la reforma judicial en México presenta un conflicto interesante sobre las facultades del tribunal. La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha argumentado que la SCJN no tiene la capacidad de revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales, especialmente cuando se trata de normas de proceso legislativo, lo que significa que no puede intervenir en disputas que surgen entre el Poder Judicial de la Federación y los otros poderes del Estado.
Esto se debe a su interpretación de que la Corte solo puede velar por la independencia del Poder Judicial en relación a leyes secundarias o actos que puedan comprometer esa independencia, y no sobre reformas constitucionales en sí. Este enfoque sugiere que los jueces y magistrados que impugnaron la reforma judicial están buscando una revisión que la Corte no puede proporcionar, dado su marco legal y constitucional.
Por otro lado, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández está llevando el asunto al Pleno de la Corte, donde se discutirán estas consultas. Es notable que haya un desacuerdo interno sobre cómo proceder y si hay una vía apropiada para revisar estas impugnaciones, lo que indica una división en la interpretación y el enfoque de la Corte sobre su rol en la protección de la independencia judicial y la revisión de reformas legales.
La resolución de este tema no solo tiene implicaciones inmediatas para la estructura del Poder Judicial en México, sino que también podría sentar un precedente importante sobre el alcance de las facultades de la SCJN en el futuro. La discusión en el Pleno será clave para determinar el rumbo de este asunto y su impacto en el sistema judicial mexicano.