La emboscada y asesinato de tres miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) en Oaxaca ha provocado una fuerte indignación y llamado a la acción por parte de sus familias y defensores de derechos humanos. Según reportes, las víctimas, Wilfrido Atanacio Cristóbal, Victoriano Quirino Jiménez y Abraham Quirino, fueron atacadas por un grupo armado mientras se trasladaban en una camioneta en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los familiares han solicitado al gobierno de Salomón Jara Cruz que intervenga urgentemente para asegurar la entrega de los cuerpos, debido al cerco del grupo armado que los tiene acorralados en su comunidad, San Isidro Platanillo. Este mismo grupo, conocido como "los 33", no solo amenaza la seguridad de los pobladores, sino que también impide que puedan realizar el duelo y los ritos correspondientes por sus seres queridos.
Adicionalmente, los familiares han pedido que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los responsables de esta ejecución, señalando que involucraría a algunas autoridades de la municipalidad de Santo Domingo Petapa. Este pedido refleja la preocupación por la impunidad y la violencia que enfrentan las comunidades indígenas en Oaxaca.
La reacción ha sido amplia, con condenas firmes por parte de organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes han hecho eco de esta tragedia y han manifestado su solidaridad con las víctimas y sus familias. La situación subraya la grave crisis de seguridad y derechos humanos que persiste en ciertas regiones de México, especialmente entre las comunidades indígenas.