El defensor de derechos humanos Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, expresó su desconcierto ante las recientes propuestas legislativas de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, sobre la desaparición forzada en México. Chamberlain señaló que estas propuestas ya están incluidas en la Ley General de Desaparición Forzada y enfatizó que el verdadero problema radica en la falta de voluntad política para implementar las leyes existentes.
Afirmó que es fundamental consultar a las familias de las personas desaparecidas, ya que han sido claras en sus demandas, pidiendo que sus voces sean escuchadas en la creación de políticas que les afectan directamente. En particular, criticó la actuación de las fiscalías, que carecen de mecanismos de rendición de cuentas y, en ocasiones, actúan de manera arbitraria, ignorando el debido proceso.
Chamberlain también subrayó la gravedad de los obstáculos que enfrentan las familias para obtener la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos, mencionando el caso de Teuchitlán como un ejemplo de encubrimiento de evidencias por parte de las autoridades. Además, mostró escepticismo respecto a la propuesta de integrar datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y cuestionó cómo esto podría contribuir a resolver la crisis de desapariciones en el país, recordando que intentos anteriores de recopilar datos biométricos habían suscitado preocupaciones sobre la protección de la información personal.
En resumen, Chamberlain insiste en la necesidad de acción real y efectiva, así como la importancia de involucrar a las familias de las víctimas en cualquier proceso legislativo relacionado con la desaparición forzada.