La situación en torno a la reforma judicial en México se ha intensificado, especialmente después de que se concedieron amparos que suspenden el avance del dictamen en la Cámara de Diputados. Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, ha expresado su descontento y ha amenazado con movilizar a la “fuerza popular” de su partido en respuesta a estas suspensiones.
Hernández considera que los jueces que otorgaron esos amparos no están comprendiendo la fuerza de Morena ni el apoyo popular para la reforma. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), ha calificado las suspensiones como una "aberración política" y ha criticado lo que ella percibe como un uso indebido de la ley, resaltando la falta de autocrítica y el desdén por el mandato popular que demanda cambios en el Poder Judicial.
El tono de estas declaraciones ha escalado también con la postura del nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien ha anticipado que el grupo legislativo de Morena podría ignorar las suspensiones judiciales. Esto sugiere una creciente tensión entre la rama legislativa y el Poder Judicial en el contexto de la reforma, subrayando la importancia que tiene para el partido en el poder y el posible escenario de movilizaciones de respaldo a su propuesta.