El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha experimentado una notable reducción en las multas que originalmente planeaba imponer a los partidos políticos por irregularidades en el marco del proceso electoral 2023-2024. En un contexto de confusión y problemas técnicos con su Sistema Integral de Fiscalización, las sanciones que inicialmente se estimaban en 1,420 millones de pesos se ajustaron a 778.9 millones, casi la mitad de la cifra original.
Esta disminución se produjo tras una prolongada sesión del consejo general del INE, que incluyó un receso para evaluar la nueva información presentada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) después de problemas en el sistema. Los documentos presentados contenían tachaduras y adiciones, lo que podría dar lugar a posibles litigios que podrían alterar aún más los montos finales.
El debate durante la sesión no se centró en la discusión entre los partidos, sino en los criterios de sanción aplicados, como gastos no reportados o no comprobados. La falta de claridad y los problemas operativos del INE han llevado a una situación de incertidumbre en cuanto a la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos. Esto genera un escenario complicado para el futuro del proceso electoral, con la posibilidad de que la reducción de multas no sea definitiva, dado el potencial de desafíos legales que podrían presentarse.