En un reciente pronunciamiento, el bloque mayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha expresado su reproche ante las amenazas y descalificaciones formuladas por las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Esta situación surge tras la decisión de ocho ministros de suspender labores en respuesta al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que comenzó el 19 de agosto en protesta contra una reforma judicial.
Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron que los ministros, al ser personal de confianza, no pueden participar en la huelga y que su decisión podría llevar a un juicio político, sugiriendo que les corresponde un delito al seguir recibiendo salarios durante la suspensión.
Los ministros de la mayoría, entre ellos la presidenta de la corte, Norma Piña, respondieron señalando que rechazan las descalificaciones y amenazas en su contra y a favor de las libertades de expresión, asociación y reunión de todos los trabajadores de la SCJN. En su declaración, enfatizaron que, a pesar de la suspensión de labores, la impartición de justicia continuará para casos urgentes y que seguirán evaluando los asuntos pendientes.
La SCJN se reafirmó como un defensor de los derechos humanos y se comprometió a no menoscabar los derechos de su personal durante este proceso.