La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en México aprobó recientemente una reforma al artículo 19 de la Constitución que establece la Prisión Preventiva Oficiosa para una serie de delitos, incluidos extorsión, tráfico de drogas, y defraudación fiscal. La votación resultó en 26 a favor por parte de los diputados de Morena y sus aliados, y 14 en contra por parte de las fuerzas opositoras como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Con esta modificación, delitos relacionados con actividades ilícitas de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el uso de falsos comprobantes fiscales, se añaden a la lista de crímenes que pueden resultar en prisión preventiva de manera automática. Durante el debate, se presentaron varias reservas al dictamen; sin embargo, sólo una propuesta de Morena fue aprobada, que busca garantizar una interpretación restrictiva y clara del artículo para proporcionar mayor certeza jurídica.
Los legisladores de la oposición criticaron la reforma, argumentando que no aborda las raíces del problema y que podría ser violatoria de los derechos humanos. Rubén Moreira, coordinador del PRI, expresó que aunque los delitos merecen castigo, la prisión preventiva oficiosa no necesariamente resolverá el problema, sugiriendo que es crucial enfocarse en la eficacia de las acciones policiacas y la preservación de la presunción de inocencia en el nuevo sistema de justicia penal.