La reciente aprobación del dictamen en el Senado de México, que busca prohibir las actividades relacionadas con vapeadores y el uso ilícito de fentanilo, ha generado un intenso debate. La minuta, que fue enviada por la Cámara de Diputados, fue respaldada por 40 votos a favor. Las medidas establecen sanciones para la producción y distribución no solo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, sino también de sustancias tóxicas y precursores químicos, así como para el uso indebido de fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.
Los senadores de la oposición han criticado fuertemente esta decisión, argumentando que es inconsistente y problemática poner en la misma legislación sustancias tan diferentes en términos de riesgo y regulación. El senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), se refirió a la iniciativa como un "disparate", señalando que la comparación entre el fentanilo, que causa numerosas muertes, y los dispositivos de vapeo, que son utilizados por muchas personas buscando alternativas al tabaco, es errónea. Anaya también destacó que otros países han optado por regular estos dispositivos en lugar de prohibirlos.
Estos puntos de vista reflejan una preocupación más amplia sobre cómo las medidas prohibicionistas pueden generar problemas sociales adicionales, en lugar de abordar efectivamente los temas de salud pública asociados tanto con el uso de vapeadores como con el consumo de drogas sintéticas. La discusión sobre la mejor manera de regular estas sustancias y dispositivos continúa, mientras el Senado avanza en su proceso legislativo.