El caso del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén, ha generado una serie de discrepancias entre las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Estos hallazgos han llevado al gobierno federal a considerar que la decisión de que la FGR atrajera la investigación fue acertada, dado que ha permitido evidenciar las contradicciones entre ambas indagatorias.
A pesar de la designación de Sara Bruna Quiñónez como fiscal general del estado y del respaldo del gobernador Rubén Rocha, el presidente federal ha expresado su confianza en el mandatario estatal, considerando que podría no estar al tanto de las irregularidades señaladas, ya que, según las declaraciones, no se encontraba en el país en ese momento.
El presidente ha recalcado algunas de las inconsistencias en las versiones iniciales del caso, tales como el relato de un testigo que afirmaba que Cuén fue ejecutado en una gasolinera por resistencia, contrastado con la versión que indica que fue asesinado en otro lugar durante un encuentro. En este contexto, ha instado a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente, sin ocultar información que pueda esclarecer las circunstancias que rodean el caso, así como cualquier posible vinculación con el gobierno de Estados Unidos.
El presidente también ha enfatizado la importancia de entender las razones detrás de la detención o secuestro de una persona involucrada en el caso y ha llamado a que todas las participantes en la investigación actúen con total libertad y brinden información completa.