El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha emitido un comunicado en el que pide un enfoque más amplio sobre la tragedia de las desapariciones en Jalisco, específicamente en relación con el rancho Izaguirre en Teuchitlán. En lugar de entrar en una discusión que clasifique el rancho como un centro de entrenamiento criminal, un centro de exterminio, o ambas cosas, el comité argumenta que este tipo de debates minimiza la complejidad y la gravedad de las violencias y los procesos de victimización que se han experimentado en la región.
El comité, coordinado por Dolores del Carmen Chinas Salazar y compuesto por varios otros investigadores, recuerda que Jalisco enfrenta un alarmante número de desapariciones, con más de 15,000 casos registrados. Destacan que esta crisis de desapariciones está ligada a la colusión entre el crimen organizado y la corrupción en las instituciones políticas y judiciales, así como a la ineficacia de las autoridades para enfrentarlo. Critican la falta de registro adecuado de víctimas y la desinformación sobre las causas y dimensiones del problema.
Los investigadores enfatizan que las organizaciones criminales han crecido e incorporado prácticas como el reclutamiento forzado, a menudo sostenido por un entorno de impunidad. Reconocen el trabajo de colectivos como Guerreros Buscadores, que ha permitido visibilizar el horror detrás de estos crímenes en lugares como Teuchitlán.
Además, el comité insta a las autoridades a dejar de lado las etiquetas simplistas y a comprometerse a investigar todos los delitos cometidos en el rancho. Subrayan la importancia de esclarecer los homicidios, identificar a las víctimas y aquellos responsables de las órdenes de ejecución, sin limitarse a contabilizar el número de víctimas. El objetivo debe ser entender la totalidad de las violencias que se han ejercido en dicho lugar, que incluyen privación de libertad, trata de personas, tortura y otros crímenes contra los derechos humanos.