La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado un importante debate en torno a la regulación del financiamiento en las elecciones judiciales en México. Al eliminar el tope de gastos de campaña establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los candidatos a cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el TEPJF ha impulsado la creación de "montos diferenciados", lo que podría permitir un mayor gasto para ciertos aspirantes en comparación con otros.
La medida busca reconocer las distintas realidades y dimensiones de los cargos a ser disputados, diferenciando entre aquellos de alcance nacional y los que corresponden a órganos judiciales de menor rango. Sin embargo, este enfoque ha suscitado preocupaciones sobre la equidad en las contiendas, ya que el INE argumentaba que el límite de 220 mil 326 pesos debía ser un máximo para asegurar que la capacidad económica no influyera de manera desproporcionada en la competencia.
La magistrada Janine Otálora Malassis enfatizó la importancia de mantener una "cancha parecida" para todos los candidatos, sugiriendo que permitir un aumento en el límite de gastos podría favorecer desproporcionadamente a quienes tienen mayores recursos. Esto resalta la tensión entre la necesidad de un marco regulatorio que permita ciertos márgenes de gasto y la impetuosa demanda de garantizar igualdad de condiciones en la contienda electoral.
El desarrollo de este caso será crucial no solo para las próximas elecciones judiciales, programadas para el 1º de junio, sino también para la forma en que el financiamiento de campañas en cargos públicos será regulado en el futuro. La balanza entre la competencia justa y la libertad de los candidatos para administrar su campaña continúa siendo un desafío para los órganos electorales y judiciales en el país.