El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda para abordar el problema del aumento excesivo de rentas. Estas reformas tienen como objetivo que el incremento de las rentas no supere la inflación reportada por el Banco de México. Además, busca establecer bases para generar vivienda pública con rentas asequibles, especialmente para personas de bajos ingresos, jóvenes, madres solteras, trabajadores y personas en situación de pobreza.
El jefe de gobierno, Martí Batres, describió estas modificaciones como un "acto de justicia social", ya que buscan garantizar el derecho a la vivienda, cerrar la brecha entre la inflación y los costos de renta, prevenir abusos en arrendamientos, brindar certeza a ambas partes involucradas y combatir la gentrificación que afecta a los habitantes más vulnerables de la capital.
Entre los puntos destacados de la reforma se contempla que se deberá llevar a cabo un registro digital de los contratos de arrendamiento, el cual deberá ser establecido por el gobierno en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del decreto, que se hizo efectivo el 29 de agosto. También se establece que los contratos de arrendamiento en curso deben ser registrados por los arrendadores en un plazo no mayor a 90 días a partir de la implementación de estas reformas.