La situación legal respecto a la reforma judicial en México ha sido tensa y ha generado una gran cantidad de controversia. De acuerdo con informes recientes, desde el inicio de 2024 hasta principios de 2025 se han presentado un total de 1,672 demandas de amparo en contra de esta reforma, la cual fue promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre de 2024. Esta reforma propone cambios significativos en la estructura del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reestructuración de la Suprema Corte, y la eliminación de fideicomisos.
Hasta la fecha, la respuesta judicial ha sido limitada. De los 138 juicios de amparo que han concluido hasta el 14 de enero de 2025, solo uno resultó en una sentencia definitiva, que otorgó protección constitucional para frenar la elección y evitar la entrega de los fideicomisos al gobierno. Sin embargo, la resolución no ha sido acatada por las autoridades correspondientes.
La mayoría de las demandas han sido desechadas por los jueces, ya sea por considerarlas improcedentes o por razones de supremacía constitucional. Muchos casos se han cerrado sin un estudio profundo o sin una decisión clara, lo que ha llevado a críticos a señalar que las reformas impulsadas por el partido Morena están blindadas contra el escrutinio judicial. Esta serie de desenvolvimientos sugiere un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el Poder Judicial, así como una preocupación sobre la independencia del sistema legal en México.