La reforma a la Ley de Comunidades Indígenas y Pueblos Afromexicanos, recientemente aprobada por unanimidad en el Senado de México, tiene como objetivo reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta reforma establece que estos grupos pueden decidir sus propias formas de gobierno y organización social, económica y cultural, respetando los principios de la Constitución y los derechos humanos.
Con 128 votos a favor, los senadores también mencionaron que estos pueblos tienen el derecho de aplicar sus propios sistemas normativos para resolver conflictos internos, siempre que se respeten las garantías individuales. La jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias, dentro del marco del orden jurídico vigente.
Además, la reforma enfatiza la importancia de preservar y desarrollar el patrimonio cultural, material e inmaterial de las comunidades indígenas, reconociendo también la propiedad intelectual colectiva sobre este patrimonio. Asimismo, se promoverá el uso y difusión de las lenguas indígenas y se buscará su inclusión en la educación, destacando la diversidad cultural de la nación.
El siguiente paso para la reforma es su envío a los congresos locales, donde se necesitará el apoyo de al menos 17 estados para que se envíe al Ejecutivo Federal y se publique en el Diario Oficial de la Federación, marcando así su oficialidad y promulgación.