La situación en Michoacán, especialmente en la región de Tierra Caliente, es alarmante debido al uso creciente de minas terrestres antipersonal por parte de los cárteles de la droga. Estas minas, que están prohibidas en conflictos bélicos debido a su naturaleza de causar daños indiscriminados a civiles y su catalogación como armas de lesa humanidad, se han convertido en un instrumento de guerra peligroso en los últimos tres años.
Los informes del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán destacan varios incidentes trágicos que reflejan el impacto devastador de estas minas en la vida cotidiana de las personas. Muchas de las víctimas son campesinos que, mientras llevan a cabo sus labores agrícolas, se encuentran con estos artefactos explosivos. Además de los civiles, las fuerzas de seguridad también han sufrido bajas significativas debido a los estallidos de minas.
La denuncia del Comité Internacional de la Cruz Roja subraya la necesidad de abordar el problema, enfatizando que los efectos de las minas antipersonal se extienden mucho más allá de las víctimas inmediatas, afectando la producción de alimentos y los medios de vida de las comunidades durante décadas. La reducción del acceso a tierras cultivables y el constante temor de resultar herido por estos dispositivos pueden tener consecuencias devastadoras para la economía local y la estabilidad social.
A pesar de la gravedad del problema, parece que las autoridades han minimizado el uso de estos artefactos, lo que genera una falta de respuesta efectiva ante una situación que requiere atención urgente y medidas de desactivación y asistencia a las víctimas. La creciente impunidad y la normalización del uso de estas armas en un entorno de conflicto organizado por el crimen pueden seguir perpetuando el ciclo de violencia y sufrimiento en la región.