La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido invalidar la facultad que tenía la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para autorizar la apertura y regulación de establecimientos mercantiles, así como la ampliación de permisos y avisos. Esta decisión fue tomada durante una sesión del Pleno de la Corte, donde se examinaron tres controversias constitucionales presentadas por las alcaldías de Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que cuestionaban la inclusión de esta facultad en la Ley de Establecimientos Mercantiles, modificada en enero de 2023.
El ministro Javier Laynez Potisek, quien presentó los proyectos de resolución, argumentó que no se justificó el traslado de estas facultades de las alcaldías al gobierno central, señalando que el objetivo de reactivar la economía mediante mejoras regulatorias no justificaba la reducción de las atribuciones constitucionales de las alcaldías. La Corte también destacó que la reforma otorgaba a la Jefatura de Gobierno una atribución limitada y demasiado amplia, lo que podría llevar a una concentración de poder que afectaría la autonomía de las alcaldías.
La ministra presidenta, Norma Piña, expresó su preocupación por la falta de límites en las competencias otorgadas a la Jefatura de Gobierno, enfatizando que, aunque la intención no era restringir las facultades de las alcaldías, la forma en que se implementó podría resultar en una restricción indirecta en la práctica. La decisión de la Corte reafirma la importancia de mantener el equilibrio en las atribuciones entre el gobierno central y las alcaldías en la Ciudad de México.