En Ciudad de México, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, ha admitido a trámite dos acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Amnistía. Esta reforma, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio, otorga al presidente de la República la facultad de conceder amnistías de manera directa, sin importar el tipo de delito, siempre que los solicitantes aporten elementos comprobables que contribuyan a conocer la verdad sobre hechos relevantes para el Estado.
La modificación ha generado oposición, ya que permite que se concedan amnistías incluso en casos de delitos graves, como homicidios, secuestros y otros delitos que normalmente conllevan prisión preventiva oficiosa. A pesar de que los senadores de oposición solicitaron una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor de la reforma, el ministro Laynez determinó que no se podía conceder tal medida, argumentando que el decreto impugnado tiene efectos generales y que su suspensión podría desvirtuar su obligatoriedad. La decisión subraya el choque entre las autoridades legislativas y el Poder Judicial en el contexto de esta reforma controversial.