En un contexto de creciente violencia en Culiacán, Sinaloa, representantes del sector empresarial han hecho un llamado al Gobierno Federal para que se implementen medidas urgentes que aborden tanto la seguridad como la crisis económica que enfrenta la región. Durante una reunión en el Senado de la República, expresaron su preocupación por el impacto que la violencia y otros factores, como la sequía, han tenido sobre la economía local, estimando que las pérdidas podrían llegar a ser de 18 mil millones de pesos, lo que equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.
La presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, Cristina Ibarra, explicó que las empresas ya estaban lidiando con dificultades económicas a causa de la sequía y el aumento de precios, pero que la violencia ha exacerbado la situación, llevando al cierre de negocios y reduciendo la operatividad de muchos más. Esto se traduce en una disminución de actividades económicas, incluidas restricciones en la vida nocturna y la cancelación de eventos masivos.
Además, se ha observado un aumento en el desplazamiento de personas en comunidades más pequeñas y zonas rurales debido a la inseguridad. En respuesta a esta situación, la presidenta de la Coparmex en Sinaloa, Marta Reyes, anunció que los empresarios están trabajando en un "pacto de paz" como parte de sus esfuerzos para enfrentar la crisis.
Este panorama ilustra cómo la intersección entre violencia y crisis económica está afectando profundamente a Sinaloa, y la necesidad de acción concertada por parte del gobierno y la iniciativa privada para restaurar la seguridad y estabilidad en la región.