El artículo describe el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México, un evento que generó protestas y críticas tanto de sus empleados como de diversas organizaciones civiles. Los trabajadores del INAI expresaron su descontento ante los despidos y la intervención del gobierno federal que tomó posesión de las instalaciones del instituto, ahora reemplazado por un nuevo órgano llamado "Transparencia para el Pueblo".
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Amnistía Internacional y Fundar criticaron las reformas legales que eliminan ciertas facultades del INAI y que introducen términos ambiguos que podrían afectar el acceso a la información pública. Estas críticas señalaron la creación de barreras para acceder a información sobre temas sensibles, como la corrupción.
A pesar de estas preocupaciones, la Secretaría Anticorrupción, liderada por Raquel Buenrostro, defendió las reformas, prometiendo que se garantizaría el acceso a la información pública y la protección de datos personales, además de anunciar la creación de nuevos juzgados especializados en transparencia. Sin embargo, estos juzgados no se incluyen en la reforma judicial del actual gobierno, lo que plantea incertidumbre sobre su implementación.
La situación culminó con las protestas de los trabajadores del INAI, quienes manifestaron su inconformidad ante las condiciones de su despido y el cierre del instituto, mientras que se informaba de liquidaciones para algunos empleados.