La situación que enfrentan los empresarios afectados por los adeudos de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y sus filiales es preocupante, ya que las deudas pueden impactar seriamente la operatividad de sus empresas. La suma mencionada de 112 millones de pesos representa un monto considerable, que ha llevado a la necesidad de que algunas empresas consideren despidos y recortes, así como vender activos para cumplir con sus obligaciones laborales.
Jaime Argueta Cid, como representante del consorcio "Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales", está buscando la intervención de Claudia Sheinbaum, quien, aunque reconoció la existencia de estas deudas, aclaró que no son deudas del gobierno federal. Su declaración destaca la naturaleza de estas obligaciones como interempresariales, lo que pone de manifiesto un sistema de subcontratación que puede complicar la cadena de pagos.
El hecho de que ya hayan comenzado los pagos a las empresas proveedoras, según lo mencionado por Sheinbaum, puede ofrecer un atisbo de esperanza para los afectados, pero también refleja la complejidad de la situación, donde los procesos de pago suelen prolongarse y complicarse en contextos de subcontrataciones y la participación de múltiples actores en grandes proyectos.
La iniciativa de trasladarse a la Ciudad de México para buscar la ayuda de la presidenta es un paso significativo que muestra la urgencia con la que están tratando de resolver la situación. Sería importante que se logre algún tipo de intermediación o solución que permita a estas empresas mantener su operación y cumplir con sus compromisos laborales, promoviendo así un entorno más saludable para todos los involucrados en la industria de la construcción.