La reciente aprobación de la reforma al artículo 123 de la Constitución Mexicana en la Comisión de Puntos Constitucionales marca un avance significativo en la política salarial del país. Con 38 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, la reforma establece que el ajuste anual de los salarios mínimos no podrá estar por debajo de la inflación observada durante su vigencia. Este cambio busca asegurar que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantenga y se proteja ante el aumento de precios.
Además, la reforma estipula que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice o referencia para otros fines que no sean los relacionados directamente con el salario. Este aspecto se considera crucial para evitar el uso del salario mínimo de manera que perjudique a los trabajadores.
Durante la discusión, varios legisladores, incluidos aquellos de diferentes partidos y corrientes políticas, coincidieron en que esta reforma es un paso positivo para los trabajadores en México. Se mencionó que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado un incremento significativo en el salario mínimo, pasando de 88.36 pesos en 2018 a 248.93 pesos en 2024, sin provocar la hiperinflación que algunas voces críticas habían pronosticado.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Luis Carrillo Soberanis, destacó los beneficios de esta política salarial para reducir la pobreza en el país. Subrayó que es fundamental institucionalizar este enfoque mediante un mandato constitucional para asegurar que los incrementos salariales continúen en el futuro.
La aprobación de esta reforma es un reflejo del compromiso legislativo hacia la mejora de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, y se percibe como un avance en la lucha contra la pobreza extrema en México.