La reforma judicial en discusión en México ha generado un intenso debate y diversas suspensiones judiciales con el objetivo de frenar su implementación. A pesar de estas suspensiones, el gobierno federal ha decidido avanzar con la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia del país, programada para el 1 de junio de 2025.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está pendiente de revisar la reforma, pero esto no ha detenido los preparativos. Jueces de Distrito han concedido tanto suspensiones provisionales como definitivas, aunque estas órdenes no han sido cumplidas por las autoridades, lo que podría implicar consecuencias legales para los funcionarios involucrados.
La reforma establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días, que concluye el 16 de diciembre, para emitir las leyes secundarias necesarias para que la reforma entre en pleno vigor. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado la organización del proceso electoral, habiendo instalado los 32 consejos locales y formado una Comisión Temporal para supervisar este inédito proceso electoral.
Además, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, ha anunciado que se presentarán iniciativas para modificar leyes electorales con el fin de regular y facilitar el proceso de elección de los juzgadores. Esto refleja el compromiso del gobierno para llevar adelante la reforma judicial a pesar de las resistencias legales.