La situación en Bacalar, Quintana Roo, refleja un conflicto entre la ciudadanía y las autoridades respecto a la construcción de una casa de descanso para militares cerca de la Laguna de Bacalar. A pesar de una suspensión provisional obtenida por ciudadanos el 9 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reanudado los trabajos, argumentando que una empresa privada está encargada de la obra.
El abogado Ángel Gabriel Pool Navarro, quien promovió el amparo, ha señalado que las autoridades están utilizando "artimañas legales" para continuar con la construcción sin reconocer la suspensión. El juicio de amparo 241/2025, admitido a favor de los ciudadanos, cuestionó tanto a la Sedena por posibles alteraciones al ecosistema como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por no verificar que no existieran alteraciones.
La población de Bacalar ha manifestado su intención de seguir luchando, planeando ampliar la demanda de amparo para incluir a las empresas privadas involucradas en la construcción, buscando así asegurar que la medida cautelar se aplique a todas las partes implicadas en la obra. Esta situación resalta la tensión entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente, así como el papel de los ciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses.