El reciente anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presencia de sangre de Héctor Melesio Cuén en el lugar donde fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada ha llevado a un giro en la investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Este hallazgo desestima la versión local que indicaba que Cuén fue asesinado en una gasolinería.
En respuesta, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha solicitado una orden de aprehensión contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la extitular de la fiscalía local, Sara Bruna Quiñónez. Según Federico Döring Casar, vicecoordinador de la bancada, la obstrucción de la verdad y la justicia por parte de ambos funcionarios justifica acciones penales en su contra. Döring enfatizó que la supuesta historia del asesinato en la gasolinería ya no tiene validez y que es necesario proceder con la justicia.
Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández manifestó que están esperando que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, actúe para que la FGR dé respuesta a la solicitud de acceso a la carpeta de investigación relacionada con el caso. Téllez reafirmó que tanto el gobernador como la exfiscal deben enfrentar consecuencias penales por su presunta complicidad y obstrucción.
Finalmente, los legisladores del PAN hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que cese cualquier encubrimiento de actos criminales, subrayando una exigencia de justicia en este caso que ha conmovido a la sociedad.