Pagar la cancelación del aeropuerto tardaría 26 años
Agustín Caso Raphael, el auditor que calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cifra tres veces mayor a lo proyectado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, defendió su estimación y aseguró que la diferencia en las cifras radica en el tipo de metodología que se utilice.
Aunque Caso Raphael fue separado del cargo el pasado 1 de marzo, compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados este martes, donde explicó la metodología aplicada en la auditoría al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargada del proyecto en Texcoco, y en la que, aseguró, “no existió dolo o motivación política”.
Esto porque después de publicar la fiscalización el pasado 27 de febrero, dos días después el presidente Andrés Manuel López descalificó la cifra y aseguró que la Auditoría se había equivocado. Horas después, la Auditoría emitió una tarjeta donde reconoció “inconsistencias” en su cálculo por lo que haría otra revisión. Por lo tanto, los diputados llamaron a comparecer al auditor Federal, David Colmenares, y al resto del equipo implicado.
Sin embargo, Caso Raphael, aseguró que las recomendaciones plasmadas en la auditoría a la cancelación no tienen un ánimo punitivo, sino intenta abonar a una mejor calidad en el manejo del gasto y “eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno”.
Caso Raphael, exauditor especial de Desempeño de la Auditoría, fue el encargado de realizar la fiscalización al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAIM, que inició construcción en 2014 en la administración de Enrique Peña Nieto, pero fue cancelado en 2018, al iniciar el gobierno de López Obrador.
El costo de dicha cancelación, dijo el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ascendería a 100 mil millones de pesos. Sin embargo, la Auditoría reveló que más bien sería de 331 mil millones de pesos.
Para calcular esta cifra, explicó Caso, “la Auditoría utilizó una metodología económica, que observan los costos económicos y no solo los contables”, por lo tanto, “no existe una disyuntiva entre una cifra buena y una mala, lo que existen son metodologías que generan resultados acordes a su naturaleza”, dijo en la comparecencia.
Su cálculo es un costo estimado que incluye gastos erogados de 2014 a 2019, como costos pendientes y demandas. Los datos de costos futuros, que son estimaciones porque no han sido pagados y algunos de los instrumentos financieros aún no se han cancelado, además de la carga financiera de recompra de bonos se materializará en un futuro.
La metodología de costos económicos considera los costos explícitos, los costos de oportunidad y los costos hundidos partiendo de los datos financieros proporcionados por el Grupo Aeroportuario, y que asciende a 163 mil 540 millones de pesos erogados entre 2014 y 2019 y 168 mil millones de pesos de costos adicionales.
Además, para fondear el proyecto se colocaron bonos, pero éstos “no son de libre disposición porque no son de carácter presupuestario sino fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico, que fue la construcción de un proyecto particular con condiciones y garantías definidas”.
Por lo tanto, al “cancelar los instrumentos financieros se materializa una desinversión que originalmente se estableció aprovechando la capacidad de endeudamiento de la sociedad, pero al momento de concretarse la sociedad no pudo utilizar los recursos invertidos por las características jurídicas y económicas con que se establecieron, lo que configura una situación de costo de oportunidad y que se cubre actualmente con recursos presupuestarios”, dijo Caso.
En este caso, por ejemplo, se observa claramente la diferencia. Mientras el equipo auditor considera que existe un costo de oportunidad ya que la sociedad deja de disponer de esos recursos para desarrollar un proyecto alterno, toda vez que no se pueden reasignar, la estimación es de 34 mil mdp pero si no se usa este criterio económico sino uno contable, entonces el monto oscila en 4 mil mdp. Mientras que la recompra de los bonos emitidos, la valoración estimada es de 50 mil millones de pesos, incluyendo todos los tipos de costos; pero si se procede desde el enfoque contable, entonces la cifra podría ser de 15 mil mdp.
Por lo tanto, no se puede hablar de una cifra única hasta el momento, pues “no estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado; se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse en 26 años”.
Además, el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, “se le dieron los tiempos procesales, se le dieron los resultados y se dio la oportunidad de confronta. No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.
Con información de: Animal Político
Aunque Caso Raphael fue separado del cargo el pasado 1 de marzo, compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados este martes, donde explicó la metodología aplicada en la auditoría al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargada del proyecto en Texcoco, y en la que, aseguró, “no existió dolo o motivación política”.
Esto porque después de publicar la fiscalización el pasado 27 de febrero, dos días después el presidente Andrés Manuel López descalificó la cifra y aseguró que la Auditoría se había equivocado. Horas después, la Auditoría emitió una tarjeta donde reconoció “inconsistencias” en su cálculo por lo que haría otra revisión. Por lo tanto, los diputados llamaron a comparecer al auditor Federal, David Colmenares, y al resto del equipo implicado.
Sin embargo, Caso Raphael, aseguró que las recomendaciones plasmadas en la auditoría a la cancelación no tienen un ánimo punitivo, sino intenta abonar a una mejor calidad en el manejo del gasto y “eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno”.
Caso Raphael, exauditor especial de Desempeño de la Auditoría, fue el encargado de realizar la fiscalización al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAIM, que inició construcción en 2014 en la administración de Enrique Peña Nieto, pero fue cancelado en 2018, al iniciar el gobierno de López Obrador.
El costo de dicha cancelación, dijo el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ascendería a 100 mil millones de pesos. Sin embargo, la Auditoría reveló que más bien sería de 331 mil millones de pesos.
Para calcular esta cifra, explicó Caso, “la Auditoría utilizó una metodología económica, que observan los costos económicos y no solo los contables”, por lo tanto, “no existe una disyuntiva entre una cifra buena y una mala, lo que existen son metodologías que generan resultados acordes a su naturaleza”, dijo en la comparecencia.
Su cálculo es un costo estimado que incluye gastos erogados de 2014 a 2019, como costos pendientes y demandas. Los datos de costos futuros, que son estimaciones porque no han sido pagados y algunos de los instrumentos financieros aún no se han cancelado, además de la carga financiera de recompra de bonos se materializará en un futuro.
La metodología de costos económicos considera los costos explícitos, los costos de oportunidad y los costos hundidos partiendo de los datos financieros proporcionados por el Grupo Aeroportuario, y que asciende a 163 mil 540 millones de pesos erogados entre 2014 y 2019 y 168 mil millones de pesos de costos adicionales.
Además, para fondear el proyecto se colocaron bonos, pero éstos “no son de libre disposición porque no son de carácter presupuestario sino fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico, que fue la construcción de un proyecto particular con condiciones y garantías definidas”.
Por lo tanto, al “cancelar los instrumentos financieros se materializa una desinversión que originalmente se estableció aprovechando la capacidad de endeudamiento de la sociedad, pero al momento de concretarse la sociedad no pudo utilizar los recursos invertidos por las características jurídicas y económicas con que se establecieron, lo que configura una situación de costo de oportunidad y que se cubre actualmente con recursos presupuestarios”, dijo Caso.
En este caso, por ejemplo, se observa claramente la diferencia. Mientras el equipo auditor considera que existe un costo de oportunidad ya que la sociedad deja de disponer de esos recursos para desarrollar un proyecto alterno, toda vez que no se pueden reasignar, la estimación es de 34 mil mdp pero si no se usa este criterio económico sino uno contable, entonces el monto oscila en 4 mil mdp. Mientras que la recompra de los bonos emitidos, la valoración estimada es de 50 mil millones de pesos, incluyendo todos los tipos de costos; pero si se procede desde el enfoque contable, entonces la cifra podría ser de 15 mil mdp.
Por lo tanto, no se puede hablar de una cifra única hasta el momento, pues “no estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado; se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse en 26 años”.
Además, el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, “se le dieron los tiempos procesales, se le dieron los resultados y se dio la oportunidad de confronta. No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.
Con información de: Animal Político
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