El informe "La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024", presentado por la organización México Evalúa, pone de relieve la problemática de la militarización en el ámbito de la seguridad pública en México y su falta de efectividad. Denise González, oficial de Derechos Humanos de la ONU-DH, destacó que, a pesar de los cambios de administración desde 2006, la violencia en el país persiste.
Uno de los hallazgos clave es que un 39% de los secretarios de Seguridad Pública estatales entre 2011 y 2014 procedían de las Fuerzas Armadas, y que los estados con estos líderes militares mostraron tasas de homicidio superiores a aquellos con secretarios civiles. Aunque González enfatizó que el estudio no establece una relación de causalidad directa, sugiere que el enfoque militarizado no ha resuelto los problemas de inseguridad, incluso mostrando un aumento en las tasas de homicidios de mujeres desde 2021 en estados con antecedentes militares en la seguridad pública.
González también subrayó la necesidad de un análisis centrado en los derechos humanos, apuntando a violaciones graves que han acompañado la implementación de políticas de seguridad militarizadas, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El informe aboga por fortalecer las corporaciones policiales y fomentar la estabilidad institucional, resaltando la mayor permanencia de mandos civiles en comparación con los militares, quienes tienden a rotar rápidamente en sus cargos. Esto último se propone como un argumento fundamental para mejorar la conducción de las políticas de seguridad en el país.