La pesca en México atraviesa un momento crítico, como lo ha señalado Oceana México, una organización dedicada a la protección de los océanos. En un acto simbólico frente al Senado, la organización argumentó la urgente necesidad de atención legislativa para el sector pesquero, representando con ataúdes la muerte de diversas especies que enfrentan un grave deterioro.
Según datos alarmantes de la Carta Nacional Pesquera, se estima que el 40% de la pesca en México es ilegal, y un 34% de las pesquerías se encuentra en condiciones deterioradas. Al mismo tiempo, se ha observado una significativa reducción del presupuesto destinado a instituciones clave como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (Imipas), con disminuciones del 24% y 32% respectivamente, entre 2018 y 2024.
Durante la protesta, se utilizaron ataúdes con imágenes de especies en peligro, tales como el mero, el huachinango, el robalo y el atún aleta azul, acompañados con la frase "sin leyes justas, la pesca muere". La pesca ilegal no solo representa un riesgo para el medio ambiente y la conservación de los océanos, sino que también impacta negativamente en la economía del país, llevando a sanciones internacionales. De hecho, el 10 de octubre de 2023, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una calificación negativa para México en relación a prácticas pesqueras ilegales y dañinas, lo que resultará en la prohibición del acceso a puertos estadounidenses para embarcaciones pesqueras mexicanas en ciertas áreas.
Desde la promulgación de la Ley General de Pesca y Acuacultura en 2007, no ha habido reformas significativas que aborden las problemáticas del sector, que involucra a más de dos millones de personas directamente dependientes de la pesca. Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia de Oceana en México, subrayó que esta nueva legislatura presenta una oportunidad única para implementar leyes que sean social y ambientalmente justas, y que faciliten la recuperación de las poblaciones pesqueras en declive, asegurando así el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad. Además, enfatizó la necesidad de contar con instituciones sólidas y un presupuesto adecuado para garantizar un futuro sostenible para la pesca en el país.