La reciente aprobación de la iniciativa de reforma en materia de áreas y empresas estratégicas en México ha generado un intenso debate en el ámbito político. Los diputados de Morena y sus aliados lograron avalar la reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, consolidando el control del Estado sobre sectores clave como la electricidad y la energía.
Con 353 votos a favor y 121 en contra, la iniciativa establece que el Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre organismos y empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, la reforma detalla que se ejercitarán funciones exclusivas del Estado en varias áreas estratégicas, como correos, minerales radiactivos, energía nuclear y el servicio de internet público.
A pesar del apoyo mayoritario, la iniciativa fue objeto de críticas por parte de la oposición. Se presentaron 260 reservas que serán debatidas posteriormente, mientras que se argumentó que la reforma carece de un enfoque en energías limpias y que podría perjudicar las finanzas públicas. Los opositores señalaron que la reforma tiene deficiencias significativas, mientras que los legisladores de la mayoría defendieron que esta medida busca devolver al pueblo mexicano la soberanía sobre sus recursos y servicios esenciales.
La discusión en el Congreso refleja la polarización del debate sobre la administración de los recursos naturales y estratégicos del país, atrayendo la atención sobre las implicaciones económicas y medioambientales de esta reforma.