La reciente aprobación de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas por parte de los diputados de Morena y sus aliados en México ha generado un amplio debate y polarización. La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, coloca bajo control del Estado sectores clave como el sistema eléctrico nacional (a través de la Comisión Federal de Electricidad) y la industria del petróleo (Pemex).
Con 353 votos a favor y 121 en contra, la iniciativa busca establecer que el Gobierno Federal mantenga la propiedad y el control de ciertos organismos y empresas públicas, asegurando que no se constituyan monopolios en áreas estratégicas como telegráfico, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, además del servicio de internet.
Las críticas por parte de los grupos parlamentarios de oposición han señalado que la reforma carece de previsiones para el desarrollo de energías limpias y podría tener un impacto negativo en las finanzas públicas. Por otro lado, los diputados oficialistas defienden la reforma como un retorno de la soberanía del pueblo mexicano sobre sus recursos y empresas estratégicas.
A pesar de las diferencias, la votación muestra un respaldo considerable a esta reforma dentro de la mayoría legislativa, lo que sugiere una continuidad en la política energética y económica del gobierno actual. El proceso legislativo continúa, ya que se presentaron un total de 260 reservas que se discutirán posteriormente.