La reciente aprobación de la minuta sobre reforma en materia de áreas y empresas estratégicas en el Senado de la República ha generado un intenso debate. La reforma, impulsada principalmente por legisladores del partido Morena y sus aliados, recibió 29 votos a favor y 10 en contra, lo que le permite avanzar hacia la discusión en el Pleno.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del término "empresas productivas del Estado", que se sustituye por "empresas públicas del Estado". Esta modificación refleja un enfoque renovado sobre la propiedad y control que el gobierno federal tendrá sobre las entidades que operan en sectores estratégicos, incluidos el energético y el de hidrocarburos. Se modifican así los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, reafirmando el control estatal sobre el sistema eléctrico y la explotación de recursos energéticos.
Sin embargo, los grupos parlamentarios de oposición han expresado su preocupación, argumentando que la reforma no contribuirá a una transición energética efectiva. Específicamente, critican la supresión de un párrafo del artículo 27 que mencionaba la responsabilidad del Estado en la transición energética y su compromiso de utilizar fuentes de energía sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este contexto revela la tensión entre los objetivos del gobierno actual y las preocupaciones sobre la sostenibilidad y el futuro del sector energético en México, en un momento en que la transición hacia energías más limpias es un tema de creciente importancia a nivel global. La discusión en el Pleno del Senado será crucial para determinar el futuro de esta reforma y su impacto en el sector energético del país.