El proceso que se ha puesto en marcha en la integración de los Comités de Evaluación para la elección judicial de 2025 en México ha generado preocupación y controversia. La reforma judicial establece que estos comités, compuestos por abogados afines a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, son los responsables de seleccionar a los candidatos para jueces, magistrados y ministros. Esto se considera por muchos como una forma de asegurar el control de Morena sobre el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Estos comités son conformados por representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y operan con cierta opacidad, lo que ha llevado a críticos a cuestionar la transparencia del proceso. Se espera que cada comité evalúe los expedientes de los aspirantes, considerando no solo su conocimiento técnico, sino también su honestidad, prestigio público y antecedentes académicos y profesionales en el ámbito jurídico.
Por cada puesto disponible, se generará una lista con los diez aspirantes mejor evaluados, que será depurada a través de un sorteo público, antes de ser enviada al Senado de la República para su consideración. En este sentido, los comités establecen un doble filtro de selección, lo que podría influir en el perfil de los nuevos jueces, magistrados y ministros.
El énfasis en verificar los méritos académicos y la experiencia profesional, junto con entrevistas a los aspirantes, apunta a crear un proceso riguroso en teoría. Sin embargo, el contexto político y la composición de los comités generan interrogantes sobre la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial en un marco donde la mayoría de los actores son cercanos a la administración actual.